El gran mal de la corrupción

Entre las deformaciones del sistema democrático hay que considerar la corrupción como una de las más graves, antiguas e inveteradas, tanto en la política como en la economía (SRS44), que traiciona al mismo tiempo los principios éticos de una sociedad y las normas de la justicia social (LS411). La corrupción puede minar el correcto funcionamiento del Estado y del mercado en todos sus niveles, desde los más cercanos al ciudadano de a pie, hasta los más elevados de la política económica. Esto influye negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados, generando una desconfianza creciente no solo hacia los políticos, sino hacia las mismas instituciones públicas. Además, la corrupción de la política influye gravemente en la vida económica de un país, introduciendo el virus de la disgregación y la enfermedad de la perversión de la correcta competencia en los mercados.

La corrupción tergiversa de raíz el papel de las instituciones representativas porque las utiliza como moneda de cambio político entre peticiones clientelares y prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas privilegian y favorecen los objetivos restrictivos de quienes tienen los medios para influir en ellas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos. La corrupción excluye en general a los que tienen menos y a los más honrados de la gestión de la cosa pública, creando un grave vulnus(herida) en la vida democrática, no solo de las naciones sino también a nivel internacional (Francisco, Discurso en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares)

La Tierra es una herencia común cuyos frutos han de ser para beneficio de todos. En esta convicción están de acuerdo creyentes y no creyentes en su inmensa mayoría. Para los creyentes, esta convicción es una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos, y porque Dios quiere que se respeten los derechos fundamentales de todo hombre y mujer, sobre todo de los más desfavorecidos. El principio de subordinar la propiedad privada al destino universal de los bienes -y, por consiguiente, el derecho universal a usarlos- es una «regla de oro» del comportamiento social, incluso el «primer principio de toda la ordenación ético-social» (LE19), como escribía el papa Wojtyla.

Es un dato histórico que la tradición cristiana no ha reconocido nunca como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada (CDSI91.172); más bien subraya la función social de cualquier realización de aquella. El Creador ha dejado la tierra a todo el género humano para que sustente a todos sus miembros, sin excluir ni privilegiar a nadie (CA31). Son palabras fuertes y comprometedoras, especialmente para los que se llaman cristianos. Juan Pablo II también había subrayado que «no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetase y no promoviese los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos» (SRS33).

Naturalmente, la Iglesia Católica no se define contra la propiedad privada, pero está a favor de dar claramente la prioridad al destino universal de los bienes. Así, con gran claridad, afirma que defiende, ciertamente, el legítimo derecho de las personas a la propiedad privada, pero repite con fuerza que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, porque los bienes han de servir para todos y no solo para unos pocos afortunados (Juan Pablo II,Discurso a los indígenas y a los campesinos Cuilapán (México), 29-1-1979)

Por tanto, no parece que forme parte del designio de Dios gestionar la Tierra y los recursos de la humanidad de modo que solo beneficien a unos pocos. Esto cuestiona seriamente las costumbres injustas de una parte de la humanidad, especialmente de los especuladores, que acumulan enormes cantidades de bienes en un delirio de omnipotencia.