La democracia en economía

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El tema de las rentas y del poder financiero de unos pocos introduce necesariamente otro gran tema: el de la democracia económica [1].

Actualmente, sobre todo en ciertos países más ricos, aumenta el problema de la escasa participación de los ciudadanos en la vida comunitaria, sin la cual no se puede hablar de democracia: no basta con una democracia puramente formal, fundada en la transparencia de los procesos electorales, sino que hace falta una democracia participativa sostenida por la promoción y el respeto de los derechos humanos[2].

Pero hay también problemas vinculados a la reglamentación de la economía por parte de la política: pensemos, por ejemplo, en las muchas empresas de enorme envergadura se hunden cada vez con más frecuencia y de repente, sin que se tenga suficientemente en cuenta a los obreros y empleados que se quedan sin trabajo. ¿Cómo no valorar las consecuencias en el empleo de los trabajadores y trabajadoras afectados por el cierre de la empresa? Cientos o miles de personas se encuentran de buenas a primeras sin sueldo, sin saber cómo mantener a su familia, y muchos caen en la desesperación o acaban en las garras de los usureros y de los juegos de azar.

Estos desplomes no son nunca asuntos que afectan exclusivamente a los propietarios privados, porque cuando una empresa de diez a veinte mil trabajadores cierra sus puertas, los daños son enormes, las huelgas paralizan medio país y la política termina implicándose. Pensemos en los grandes bancos de inversión: las consecuencias de su quiebra son tan graves, que el Estado, a través de los bancos nacionales que garantizan el funcionamiento de todo el sistema bancario de un país, tiene que intervenir con enormes fondos, incluso más cuantiosos que los presupuestos de muchos Estados. El derroche de recursos de la colectividad es impresionante, porque al final los que pagan son siempre y solo los contribuyentes honrados.

Por eso ha llegado la época de imaginar formas de democracia económica más valientes. No podemos dejar de auspiciar, por ejemplo, una presencia pública de vigilancia y estímulo en las empresas privadas más grandes, porque si estas fracasan, al final quienes paga son el Estado y la comunidad. Y habría que tener órganos de representación y de control más representativos de la sociedad civil, y también instituir un comité ético para cada gran empresa, un órgano capaz de controlar realmente la tasa de justicia de las opciones relevantes de las sociedades. Es lo que hace la llamada «banca ética». Pero esto es con demasiada frecuencia un tema tabú: cuando uno lo menciona, lo acusan de véterocomunismo, porque parece que así cuestiona el liberalismo y el mercado. Pero en empresas tan grandes, demasiado grandes para quebrar, los efectos son tan escandalosos que hay que hacer algo para evitar perjudicar cada vez a cientos o miles de trabajadores.

Es necesario revitalizar las democracias, que ya no se corresponden con su espíritu originario. Es imposible imaginar para nuestras sociedades un futuro acorde con los tiempos sin que participe la gran mayoría de la población como protagonista en las opciones decisivas, políticas y económicas de un país determinado. Es un protagonismo que trasciende los procedimientos lógicos de la democracia formal. La perspectiva de un mundo de paz y de justicia duraderas requiere superar el asistencialismo paternalista, exige que se creen nuevas formas de participación donde estén incluidas la sociedad civil, las empresas de economía civil, de comunión y solidarias, los movimientos populares, que animen las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que nace de la implicación de los excluidos en la construcción del destino común. Y ello con ánimo constructivo, sin resentimiento, con amor evangélico.

Los habitantes de cada país deberían sentirse ciudadanos de su ciudad y de su nación de un modo más directo; deberían asumir la plena responsabilidad que es propia de los habitantes de un territorio determinado, no como ovejas que siguen a las fuerzas dominantes, sino con la autonomía de elección y de responsabilidad que Dios le ha dado a cada uno. Ser ciudadanos es una virtud, es una obligación moral participar en la vida de la ciudad (EG 220). Así las democracias revivirán.

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[1]  Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,190-191.

[2]      Cf. V Conferencia General del CELAM, Documento final,cit., 74.