3 de cada 10 euros del presupuesto del Estado se dedican a inversiones militares
El último estudio del Centre Delàs sobre el gasto en Defensa analiza el inusitado, y oculto, crecimiento del mismo, 27.617,45 millones de euros. O lo que es lo que es lo mismo, 75.7 millones diarios o 582 euros anuales por habitante. Dicho de otro modo, el 2,17% del PIB. Cifras variadas para expresar la misma idea: que el gasto en Defensa real va mucho más allá del presupuesto oficial del Ministerio.
El estudio sobre el aumento del Presupuesto militar del Estado de 2023, inquiere en lo que califica, directamente, como “el engaño de alcanzar el 2% del PIB en el gasto militar”.
El ardid utilizado es el habitual: repartir multitud de partidas militares por otros ministerios. Algo que, como señala Ortega, aunque se da en diversas carteras, es un mecanismo especialmente utilizado en Defensa. El principal motivo, explica, es que “a pesar de que no haya una contestación por parte de la población y de que la guerra de Ucrania haya influido en la opinión pública, el gasto militar no tiene buena prensa”.
El gasto en Defensa real es un 91% superior al oficial y supone el 2,17% del PIB
El presupuesto oficial del Ministerio de Defensa para 2023 es de 14.453,8 millones de euros, lo que implicaría un crecimiento del 23,44% respecto al de 2022. Es la cartera con mayor aumento, seguida de la de Derechos Sociales (+17,02%). Las diferencias se acrecientan al sumar esas otras partidas difuminadas a lo largo de las cuentas.
La cantidad oficial, apuntan en el informe, incluye las partidas del mismo Ministerio; la de los Organismos Autónomos Militares y la del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sin embargo, siguiendo los criterios de la OTAN, con el objetivo de homologar el gasto militar en todos los países, habría que añadir otras partidas. Estas son las clases pasivas militares (4.015 millones de euros); la Guardia Civil (3.672 millones); los créditos en I+D asignados al Ministerio de Industria destinados a empresas militares para producir nuevos armamentos (1.601); la mutua militar ISFAS (700); las pensiones de guerra (81), y las aportaciones a organismos militares internacionales –como la misma OTAN– desde Asuntos Exteriores (236).
Añaden también las diferencias existentes entre las cantidades presupuestadas inicialmente, cuando se aprueban las cuentas, y las ejecutadas al final de año. Estas siempre superan los mil millones, en su mayoría destinadas a sufragar las misiones militares en el exterior. En 2023, haciendo la media de los últimos cinco, alcanzarán los 1.449 millones de euros.
Y todavía hay que incluir un apartado más: el que corresponde a los intereses de la deuda pública. Si el Estado, sostienen, se endeuda para llevar a cabo inversiones militares, es lógico que la parte proporcional de esa deuda correspondiente a Defensa se compute como gasto militar (1.409 millones). De la adición sale esa colosal cifra de 27.617,45 millones de euros.
Y esa cantidad real muestra que, ya en 2023, el gasto militar representa el 2,17% del PIB (por encima del 2% prometido por Pedro Sánchez para 2029).
Sobre esto, en el estudio subrayan que no existe ningún canon ni modelo que demuestre que la seguridad de un Estado se pueda conseguir mediante el supuesto de destinar el 1%, el 2% o el 20% del PIB. «Es un tope propuesto por Estados Unidos para que sus socios europeos en la OTAN adquieran más capacidades militares, lo cual en primera instancia les favorece, por algo EEUU es la primera potencia en producción de armas y los países de la OTAN sus principales clientes».
El 30% de las inversiones del Estado son de carácter militar
El incremento más abultado del gasto en Defensa propuesto para 2023, destacan desde el Centre Delàs, es el dedicado a inversiones militares. Supone casi un 30% (29,88 %) sobre el total de inversiones del Estado central (sin contar las correspondientes a las comunidades autónomas). Se destinarán 7.743 millones, que incluyen los 1.843 millones en I+D en nuevas armas.
En comparación con los 25.913 millones que el Estado central dedicará a inversiones, resaltan, «significa que tres de cada 10 euros del Estado central se destinarán a inversiones militares«.
En su mayoría se utilizarán para pagar a las empresas militares los compromisos adquiridos con los grandes Programas Especiales de Armamento (PEA), a los que se destinarán 4.901,7 millones. A ello hay que sumar los 367,2 millones de la adquisición de repuestos y la modernización de las armas existentes. Además de los 631 millones para modernización de infraestructuras, instalaciones y comunicaciones militares.
Desde el Gobierno, recuerdan en el estudio, se justificó este gasto con el argumento de que las inversiones en armas crean empleo y suponen un avance tecnológico que, en su trasvase a los ámbitos civiles, favorece un mayor desarrollo industrial y es beneficioso para la productividad.
«El incremento del gasto militar es destructivo»
Afirman en Delàs, sin embargo, que “este incremento de gasto en el ámbito militar es destructivo tanto desde el punto de visa social como medioambiental y que esta es, por tanto, una justificación mendaz”.
Las tecnologías militares, apuntan, representan “una pérdida de oportunidad para la economía productiva por los altos costes de inversión que necesitan; a esto se le añade que no existe un mercado de armas, pues estas solo son adquiridas por los Estados produciendo endeudamiento, déficit e inflación”. Dejan claro que no es una opinión única, sino que expertas y expertos que han analizado esta cuestión, sobre todo en Estados Unidos (la mayor potencia militar del mundo), también invalidan la justificación dada desde el Gobierno.
El gasto militar crea endeudamiento, indica Ortega, «porque el Estado para llevar a cabo grandes inversiones en infraestructuras necesita endeudarse, pues con los ingresos ordinarios del presupuesto anual le resulta imposible llevarlos a cabo. Ese es el caso de España en las grandes inversiones en los PEA». Por su parte, incide el coordinador del informe, «el déficit se produce por el enorme volumen de gasto que representan los susodichos PEA. Estos aumentan todos los años debido al crecimiento de los pagos, en miles de millones, a las industrias militares».
Ortega destaca, al respecto del avance tecnológico, que “habría que demostrar cuántas de las invenciones han pasado por el registro de patentes para demostrar que tienen un trasvase a la industria civil”. De toda la tecnología que produce Estados Unidos en el ámbito militar, concreta, solo el 17% llegó por este registro.
Es, por ende, «un gasto antisocial, que enfrenta la fabricación de bienes de consumo con productos que no lo son, como es el caso de las armas (nadie se puede comprar un tanque)».
