Las razones detrás de las multitudinarias protestas que exigen el cierre de la mina más grande de Centroamérica
Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre con un par de cientos de personas en las vías. Pero dos semanas después de que el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, en las calles de la ciudad hay más de 70 000 personas todos los días, otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería.
La irritación creció en un abrir y cerrar de ojos; una marea de gente en la calle atravesó el corazón bancario del país y en los cruces claves de la capital reivindicando con pancartas que “el oro de Panamá es verde”, en alusión a que la riqueza del país es su biodiversidad.
Es que en menos de una semana el Ejecutivo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara la operación de Minera Panamá, una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno de las entrañas del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre, pero que carece de protección legal en Panamá.
El origen del conflicto
La mina está 180 kilómetros al norte de la capital, enclavada en el Corredor Biológico Mesoamericano que la ambientalista y ex vicealcaldesa de la capital, Raisa Banfield, describe como “una zona de bosques maduros, poco intervenidos y con una gran riqueza hídrica”. Ahí nacen ríos que vierten en el caribe y el pacífico panameño. Según la empresa, la mina es solo “un puntito” en el corredor mesoamericano, pero los ambientalistas aseguran que ha fragmentado la ruta de especies críticas como jaguares y águilas harpías.
Las controversias en torno a este contrato arrastran una historia más larga. En 2021, entró en vigor un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había sido emitido cuatro años antes y que declaró la inconstitucionalidad del contrato anterior, por no haberse sometido a licitación pública.
Además, el contrato dejaba ver un plan de expansión de la mina. “Es leonino y es un atentado contra (el poblado) Donoso”, advirtió un residente de uno de los poblados cercanos a la mina en referencia a la posibilidad de que se expropien tierras de campesinos para expandir la concesión. Lo mismo se escuchó en los cabildos que los diputados organizaron en los pueblos rodeados por la minera. Por otra parte, el contrato abría la puerta a que, sin licitación pública, empresas afiliadas a la multinacional First Quantum pudieran solicitar nuevas concesiones.
En la nueva versión del contrato una cuestión clave quedó sin modificación: la poca capacidad de fiscalización ambiental de la actividad de la mina más grande de Centroamérica.
En julio de 2021, una tubería que llevaba agua con residuos grisáceos de la actividad minera colapsó, y el Ministerio de Ambiente no pudo ingresar al lugar del desastre sino cinco días después, con un fin de semana de por medio.
Mina a la deriva
¿Cómo First Quantum llegó a controlar Minera Panamá? En 1997, Panamá le otorgó a la empresa Minera Petaquilla la concesión correspondiente al yacimiento de cobre de 13 000 hectáreas y 645 hectáreas bajo las cuales hay oro. En 2011, otra empresa canadiense, Inmet Mining, compró parte de esa concesión, la cual pasó a manos de First Quantum cuando ésta adquirió, en 2013, Inmet Mining. Dado estos movimientos, el contrato de Petaquilla es el mismo que amparó por años a First Quantum.
Petaquilla quebró tras escándalos de corrupción, denuncias de supuesta manipulación de acciones que involucran a la familia de un expresidente y problemas ambientales.
First Quantum adquirió la concesión del yacimiento de cobre cuando la Corte ya tramitaba demandas de inconstitucionalidad contra el contrato que inicialmente fue con Petaquilla y que luego heredó la multinacional canadiense. Pero mientras la justicia decidía sobre la legalidad de la mina, ese mismo tribunal frenó por cinco años una resolución que declaró área protegida la zona en donde están los yacimientos, tiempo en el que la multinacional presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto.
Con su EIA aprobado, First Quantum abrió el tajo (diferente al que ya había hecho Petaquilla), construyó el centro de procesamiento y el puerto. Pero en el camino también llegó el fallo en contra del contrato. Lo que siguió fueron años de recursos, dilación y la no publicación del fallo de la justicia mientras First Quantum operaba sin contrato vigente. En cuatro años, la multinacional exportó a China, Japón, Corea del Sur, Alemania y España, 4 mil 900 millones de toneladas húmedas de concentrado de cobre extraídas de Minera Panamá.
First Quantum adquirió la concesión del yacimiento de cobre cuando la Corte ya tramitaba demandas de inconstitucionalidad contra el contrato.
El contrato de First Quantum lleva años enfrentando oposición en pueblos campesinos como Donoso, La Pintada o Coclesito, en los entornos del proyecto, y los que se manifiestan por estos días en las calles denuncian a todos los gobiernos de los últimos 25 años. Cuando la marcha alcanza la Torre Miramar, uno de los rascacielos del centro de la ciudad, gritan consignas contra el presidente anterior, Juan Carlos Varela, quien también intentó la aprobación de un contrato minero en 2019, tres meses antes de salir del poder.
“La minería arrodilló a toda la clase política”, dijo un manifestante en la televisión local. En 2021, el gobierno se comprometió a acoger los resultados de un proceso de consulta pública llamada Pacto del Bicentenario, en el que miles de panameños pidieron, entre otras cosas, una moratoria indefinida a la minería a cielo abierto. En las marchas, los ciudadanos reclaman que no se cumplió.
El gobierno defiende que la empresa representa el 5 % del Producto Interno Bruto del país y que emplea a cerca de 10 000 personas. Pero un reporte de la casa matriz de la mina revela que durante los primeros nueve meses del 2023, la operación en Minera Panamá generó 2,233 millones de dólares, el 42 % de sus ingresos en todo el mundo, aunque no pagó impuestos por sus ganancias.
Ese es otro de los frentes de conflicto en esta historia: los especialistas denuncian que Panamá recibe poco en comparación con lo que gana la mina. Marcel Salamín, uno de los negociadores iniciales del contrato, se disgustó en 2021 y salió del equipo. Denunció que había renuencia a admitir que el cobre “le pertenecía a la nación panameña”.
Tras casi un año congelada, y con la intención del gobierno de rescatar el contrato y de la mina de interponer arbitrajes internacionales, la mesa de negociaciones llegó a un acuerdo en marzo pasado: con la entrada en vigor del nuevo contrato, la empresa se compromete a pagar 375 millones anuales a partir de octubre de este año. En pleno año preelectoral, la administración de Cortizo logró acordar, además, un aporte de 770 millones de dólares como pago retroactivo. Pero en la calle eso no convence a la gente, que grita “los millones para qué, si esa plata no se ve”.
Desde entonces la crisis se agudiza, First Quantum pidió un diálogo y los ciudadanos exigen el fin del contrato minero. Ante la crisis, el presidente Cortizo ofreció una moratoria a la actividad minera a cielo abierto que las organizaciones ambientales reclaman desde 2021, primero a través de un decreto, pero que tras la presión ciudadana se convirtió en ley. A partir de eso se cancelaron todos los trámites para la obtención de concesiones de exploración y extracción que estaban en proceso. La medida, sin embargo, no ha sido suficiente y ha recalado en lo que parece inevitable: buscar una puerta de salida segura al conflicto por el contrato con First Quantum.
La Corte Suprema debe fallar sobre ocho demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato, pero ya las dos procuradurías de Panamá adelantan que éste viola la Constitución porque, de nuevo, no se llamó a licitación pública, no hubo “consulta pública efectiva y previa” y no se midió el impacto ambiental.
De acuerdo con especialistas consultados por Mongabay Latam, las protestas suponen un cambio de paradigma en la sociedad. El sociólogo Enoch Adames sostiene que las manifestaciones son “un juicio histórico” al sistema de partidos, organizaciones privadas, diputados de gobierno y oposición, y a las instituciones públicas que apoyaron la entrada en vigor del contrato minero, pese los cuestionamientos ambientales que tenía a cuestas. A todo esto, además, se sumaron los escándalos de corrupción y la molestia ciudadana por la insuficiencia de los servicios públicos. “La conciencia crítica que despertó parece irreversible”, insiste Adames.
Panamá asiste a un momento clave de su historia, sostiene el sociólogo Enoch Adames: “Estamos en una situación límite. El descrédito (de la clase política) está por los suelos, como nunca. Es un laberinto que se ha creado producto de la codicia en la explotación de los recursos naturales”.
