No es exagerado afirmar que, mientras que el mundo ha cambiado literalmente en los últimos cincuenta años, los principios sobre los que se apoya la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) -debidamente actualizados- siguen siendo válidos y son capaces de inspirar eficazmente la acción social de los cristianos y de los hombres de nuestro tiempo. Esto es válido en particular para el «principio de solidaridad».

Paradójicamente, la gravísima crisis económico-financiera actual constituye quizá la mejor ocasión para demostrar la actualidad y la validez de este principio. En efecto, la referencia al «principio de solidaridad» ayuda, por un lado, a tener una visión integral y no parcial de la crisis actual, y, por otro, a vislumbrar en la crisis una oportunidad, más que un obstáculo, para resolver la grave crisis que amenaza hoy a la justicia y la paz en el mundo.

Una visión no parcial de la crisis actual

Ciertamente, el fracaso del modelo socialista ha hecho resaltar mejor la capacidad que la economía de libre mercado tiene para generar riqueza. Al mismo tiempo, sin embargo, la crisis mundial ha puesto de relieve que un sistema económico fundado en una cultura de producción y de consumo carente de sentido ético resulta absolutamente insostenible. De hecho, si el objetivo es solamente ganar más, es lógico que la actividad especulativa resulte preferible a la actividad productiva, el interés del capital al del trabajo. Pero esto, especialmente ahora que la globalización ha puesto el mercado financiero al alcance del ciudadano medio, genera distorsiones tales que hace ingobernable el sistema y produce situaciones deshumanizadoras. Sobre todo, crea desempleo, porque el «mercado financiero sin fronteras», que se ha convertido en un sector muy atractivo para las inversiones, está a merced de «leyes» difícilmente controlables, que hacen que los capitales salgan de las fronteras nacionales buscando inversiones más rentables allí donde abunda la oferta de mano de obra barata.

Por eso, para salir de la crisis, es necesario no dejar los procesos de globalización en manos de la pura lógica del mercado. La creciente interdependencia de las economías y de los sistemas sociales necesita que las condiciones laborales y de vida se orienten por un ethos y reglas comunes, por una nueva cultura económica que inspire una gobernanza equitativa y solidaria de la economía. Exactamente es en este principio en el que la DSI inspira sus reflexiones. Los principios antropológicos y los criterios éticos, a los que remite el magisterio social de la Iglesia, ayudan a vislumbrar que, más allá del comportamiento irresponsable de los agentes económicos, la causa última de la crisis es el hecho de que las reglas del mercado no son suficientes por sí solas. La crisis desencadenada por las hipotecas subprime estadounidenses en 2007 es solo el último eslabón de una larga cadena de graves distorsiones, que, antes de ser económicas y financieras, son de naturaleza cultural y moral. Ciertamente, la economía de mercado ha demostrado que es capaz de producir riqueza, pero su límite intrínseco está en el hecho de que, al prescindir de algunas reglas éticas fundamentales (la primacía del bien común, el destino universal de los bienes, la prioridad del trabajo sobre el capital), no tiene en sí la capacidad de repartir de modo equitativo y solidario la riqueza producida.

La crisis actual, por tanto, no es solo de naturaleza económica. Su precio humano y social es muy elevado y se traduce sobre todo en falta de trabajo, con la consecuencia dramática de que crecen peligrosamente las desigualdades sociales. Por un lado, se refuerza de manera exorbitante el poder de unos pocos, que disponen con abundancia de bienes superfluos, y, por otro, aumenta la cantidad de quienes carecen de lo necesario. Los que poseen el capital llegan a disponer como mejor creen no solo de la riqueza producida, sino también del trabajo humano que la produce: asumen nueva mano de obra solo si consideran que puede servir para incrementar el beneficio de la empresa. El beneficio sigue siendo el único criterio, casi como si el espíritu empresarial y la capacidad de gestión no tuvieran -como la propiedad privada- una dimensión social intrínseca. El camino a seguir, indicado por la DSI, es claro: hay que introducir una serie de criterios morales y jurídicos precisos que establezcan límites a la lógica del beneficio, si se quiere que el trabajo humano (factor esencial de la identidad y la dignidad personales y de la paz social) no quede a merced de la voluntad del más fuerte o a merced de circunstancias cambiantes con costes humanos y sociales inaceptables.

Con otras palabras, según la DSI, la causa última de la crisis económica actual es la cultura económica neoliberal (el «pensamiento único» dominante) con su intrínseco individualismo utilitarista y tecnocrático, para el que el juicio ético queda subordinado a la eficacia, a la innovación tecnológica y al consenso social, sin referencia alguna a los valores enraizados en la misma persona, en su conciencia moral y religiosa. Un nuevo pacto internacional, cuya necesidad advertimos todos, tendrá que fijar ciertamente nuevas reglas comunes de coordinación en materia monetaria, financiera y comercial; pero estas resultarán de nuevo inadecuadas si no están inspiradas en el «principio de solidaridad», es decir, en la prioridad del trabajo sobre el capital, en la primacía del hombre sobre el beneficio, es decir, en una nueva gobernanza equitativa y solidaria de la economía.

En conclusión, a la luz de una lectura de inspiración cristiana, no se puede imputar la responsabilidad de la crisis solo a la incapacidad o a la mala fe de los agentes financieros o de los directores de los bancos, sino que debe ser acusada también la lógica de la cultura neoliberal dominante, que, carente de tensión ética, termina necesariamente privilegiando las finanzas sobre la economía real, la especulación sobre la producción, el beneficio sobre el trabajo humano. La verdadera enemiga del desarrollo ordenado es esta mentalidad, que es la auténtica madre de la especulación.

La crisis presente como «oportunidad»

Si el análisis que hemos hecho es verdadero, entonces, a la luz del «principio de solidaridad» en el que se funda la DSI, la crisis actual puede convertirse en una ocasión valiosa para pasar del viejo capitalismo, que ha llegado ya a su fin, a la economía social de mercado, tan apreciada por el magisterio de las encíclicas sociales. Dicho de un modo más concreto, para salir de la crisis y llevar a cabo la nueva industrialización que se necesita hoy, no basta ya con asegurar las formas tradicionales de acumulación de capital, sino que se requiere un nuevo esfuerzo del «trabajo» mediante formas nuevas de participación y de relaciones industriales.

Concretamente, es necesario comprometerse a reformar de modo equitativo y solidario la empresa y el Estado social, que son respectivamente el punto de partida y de llegada de la economía social de mercado.

La empresa, de hecho, por su naturaleza, es la unidad celular de la economía social de mercado. La DSI, basándose en el «principio de solidaridad», ha estado siempre convencida -por decirlo con el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI)- de «que las relaciones en el mundo del trabajo se han de caracterizar por la colaboración: el odio y la lucha por eliminar al otro, constituyen métodos absolutamente inaceptables, porque en todo sistema social son indispensables al proceso de producción tanto el trabajo como el capital» (CDSI 306). Esto explica el reiterado llamamiento de la DSI a favor de nuevas formas de participación de los trabajadores en la vida de la empresa mediante la creación de un sistema de organizaciones bilaterales que constituirá una nueva red de protección subsidiaria para los trabajadores y un elemento de gestión de operaciones sanas de flexibilidad para las empresas.

En la era poscapitalista, la empresa no puede ser ya el lugar de intereses en conflicto, sino, en la óptica de la globalización, deberá realizarse como una verdadera comunidad de trabajo que aspire a conseguir el bien común de todos sus miembros. Es decir, además de su finalidad natural (la creación de bienes y de valores), la empresa deberá tener en cuenta a todos aquellos que están interesados e implicados: los accionistas (preocupados por maximizar el beneficio), pero también los trabajadores, los clientes, los proveedores, sin desatender el aspecto ecológico y la atención a las generaciones futuras (la llamada sostenibilidad social y ambiental). En este sentido, adquiere un significado particular lo que afirma Benedicto XVI en Caritas in veritate (CV): ante el fenómeno de la deslocalización de las empresas, el papa lamenta que la mentalidad tecnológica induzca a pensar que invertir sea solo un hecho técnico y no también humano y ético; luego, añade: «No se puede negar que un cierto capital puede hacer el bien cuando se invierte en el extranjero en vez de en la propia patria. Pero deben quedar a salvo los vínculos de justicia, teniendo en cuenta también cómo se ha formado ese capital y los perjuicios que comporta para las personas el que no se emplee en los lugares donde se ha generado» (CV 40). En resumen, la difícil crisis mundial se convierte en una oportunidad para la creación de un nuevo modelo de política económica y financiera inspirado claramente en el «principio de solidaridad».

«Es necesario encontrar -afirma Juan Pablo II- un conveniente punto de equilibrio entre las exigencias de la libertad económica, que no puede ser injustamente penalizada, y aquella “cultura de las reglas” que, por una parte, garantiza los beneficios de la leal competencia, y, por otra, protege los derechos del trabajo y, el primero entre ellos, del derecho al trabajo para todos. La búsqueda de este equilibrio no es fácil, pero es un desafío al que no pueden renunciar ninguna parte social» (JUAN PABLO II, Discorso ai rappresentanti del mondo del lavoro, en L ‘Osservatore Romano – 31 de marzo de 1996).

La crisis mundial ofrece también la oportunidad de realizar la necesaria reforma del Estado social. Esta -prosigue Juan Pablo II- exige «la valorización de las potencialidades locales y la convergencia de las iniciativas de los diversos sujetos

institucionales -desde las entidades públicas a las económicas, sociales y culturales- creando las condiciones de un pacto para el desarrollo que permita utilizar lo mejor posible los recursos disponibles en el territorio». Escribe Benedicto XVI:

«Anteriormente la actividad económica y la función política se movían en gran parte dentro de los mismos confines y podían contar, por tanto, la una con la otra. La actividad productiva tenía lugar predominantemente en los ámbitos nacionales y las inversiones financieras circulaban de forma bastante limitada con el extranjero, de manera que la política de muchos estados podía fijar todavía las prioridades de la economía y, de algún modo, gobernar su curso con los instrumentos que tenía a su disposición […].

En nuestra época, el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales financieros y los medios de producción materiales e inmateriales» (CV 24).

Por eso hoy un sistema social no puede regirse ya -como una mesa con dos patas- solo con una relación entre Estado y mercado, entre lo público y lo privado. Una democracia plena, para estar en equilibrio, exige la tercera pata de la mesa, es decir, la participación creativa y responsable de las fuerzas sociales como elemento de estímulo y equilibrio del nuevo sistema. «El binomio exclusivo mercado-Estado -añade el papa- corroe la sociabilidad, mientras que las formas de economía solidaria, que encuentran su mejor terreno en la sociedad civil, aunque no se reducen a ella, crean sociabilidad. El mercado de la gratuidad no existe y las actitudes gratuitas no se pueden prescribir por ley. Sin embargo, tanto el mercado como la política tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco» (CV 39).

Vemos aquí por qué la crisis actual, pese a todo, puede transformarse en una oportunidad para una gobernanza equitativa y solidaria de la economía. No es casualidad que Benedicto XVI quiso volver sobre este punto más de una vez para desear que «de la actual crisis mundial surja la voluntad común de dar vida a una nueva cultura de la solidaridad y de la participación responsable, indispensables para construir juntos el futuro de nuestro planeta».

En la crisis del coronavirus el papa Francisco nos recuerda que:  «al  hablar de solidaridad me refiero a mucho más que la promoción de obras filantrópicas o el financiamiento de la asistencia para aquellos que salen perdiendo. Porque la solidaridad no es compartir las migajas de la mesa, sino hacer, en la mesa, lugar para todos. La dignidad de los pueblos es un llamado a la comunión: compartir y multiplicar los bienes y la participación de todos y para todos».

Una confirmación más de la insistencia de la DSI en la pertinencia y la validez del «principio de solidaridad».

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