Esterilizaciones forzadas en España

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Más de un centenar de mujeres con discapacidad son esterilizadas en España sin su conocimiento, según un informe del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Nuria Palancalejo podría haber sido una de ellas. Una de los cientos de mujeres que cada año son esterilizadas contra su voluntad en España. Pero Nuria tiene una niña de siete años, Aroa, y una discapacidad intelectual que no le impide vivir con su pareja y trabajar en un colegio desde hace 17 años. “Lo intentaron, trataron de convencerme de que me dejara operar para no tener hijos nunca, pero después de hablarlo les convencí: ¡yo siempre he querido ser madre!”. Nuria está muy orgullosa de su hija, una niña “normal”, aunque “a veces se pone un poco rebelde, pero es muy buena”.

Aroa “va al colegio y saca buenas notas, también está apuntada a extraescolares”. Nuria vive en un piso con su pareja y la menor, aunque cuenta con el respaldo y la ayuda de la plataforma Plena Inclusión, una unión de 109 entidades comprometidas con los discapacitados intelectuales de la Comunidad de Madrid. “¡Lo tenía muy claro que tendría hijos y no iba a dejar que me quitasen esa oportunidad!”, exclama esta mujer mientras su voz se apaga por el ruido del autobús que la transporta desde Rivas Vaciamadrid, donde trabaja, a Leganés, donde vive.

Un millar de familias

Una realidad que ha denunciado la Fundación Cermi Mujeres y el Foro Europeo de la Discapacidad, entre otras asociaciones, a través de un detallado informe en el que se pone de manifiesto la contradicción entre el artículo 156 del Código Civil que permite esta práctica y las resoluciones de la ONU al respecto. En la última década, más de un millar de familias han solicitado la incapacidad de sus familiares para después someterlas a la esterilización sin su consentimiento ni, en muchas ocasiones, siquiera saber en qué consistía la operación. Algunas de esas mujeres, además, eran menores de edad. Suecia es el único país europeo que ha prohibido completamente esta práctica, repudiando lo que entienden que recuerda a las prácticas eugenésicas de principios del siglo XX “que pretendían que únicamente las personas aptas y productivas formaran parte de la sociedad”.

En ocasiones, la esterilización puede ocultar un abuso sexual continuado al evitar los embarazos

Un uso muy antiguo que se justifica por varias razones, según aquellos que lo defienden. Por un lado, para proteger a estas mujeres de “abusos y futuros embarazos no deseados”; por otro, para evitarles “los problemas derivados de la menstruación, en especial si muestran síntomas muy dolorosos o muestran una conducta difícil”. En una sentencia fechada en 1994, el Tribunal Constitucional justificaba así la esterilización: “Le permite (al incapaz) no estar sometido a una vigilancia constante que podría resultar contraria a su dignidad y a su integridad moral, haciendo posible el ejercicio de su sexualidad”.

Ana Peláez, directora general de la ONCE hasta 2007 y coordinadora de la Fundación Cermi de la Mujer, fue una de las encargadas de presentar el informe. Esta mujer, invidente de nacimiento, señaló que “en ocasiones, la esterilización puede ocultar un abuso sexual continuado al evitar los embarazos”. Para Peláez, es fundamental “asesorar y apoyar a las familias para que no tomen decisiones drásticas” y subraya que es “una práctica violenta que va en contra de la Convención de Estambul”. También pidió a las administraciones que practiquen una mayor “transparencia estadística” y que se desarrollen “políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas”. Por supuesto, también “a derogar las leyes que lo permiten”.

“Echas de menos la regla”

Sin embargo, algunos de los testimonios de discapacitadas que sufrieron estas operaciones muestran otra percepción: “¡Me siento enfadada!”, “me siento sola y aislada”, “lamento pensar que no tengo identidad sexual”, “no me ha dejado llevar una vida normal” o “echas de menos tener la regla”. Ninguna parecía muy satisfecha. En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha reconocido que la esterilización forzosa supone “una forma de violencia” y que “son prácticas que entran en conflicto con la dignidad humana del niño y su derecho a la integridad física”. Bastantes mujeres sienten que se ha lesionado su autoestima “de manera definitiva”. Otra de las afectadas lo explicaba de un modo más práctico: “Me han generado una pérdida de confianza, sobre todo en los médicos, y las mujeres con discapacidad tenemos que confiar en ellos con frecuencia”. Uno de los aspectos más controvertidos de esta práctica es que a veces se engaña a las mujeres y no se les explica bien el alcance de las operaciones a que se las somete.

Detrás de estas prácticas hay una imposición de algunos de los centros que acogen a los discapacitados

Estas prácticas en España deben ser aprobadas por un tribunal de Justicia. Solo entre Madrid y Barcelona hubo en 2016 más de 35 litigios para resolver si se permitía a los familiares hacerlo o no. Los resultados de esos juicios no son públicos. Sin embargo, algunas asociaciones deslizan que detrás de estos intentos hay una imposición de algunos de los centros que acogen a los discapacitados: “Lo exigen para atenderlos y, claro, los familiares prefieren hacerlo y poderlos ingresar”, revelan. En total, desde 2005, cada año se han aprobado un centenar de operaciones. Los datos de los últimos años no especifican el resultado de las peticiones ni exactamente a qué tipo de personas ni de qué sexo.

En otros países, como Kenia, se está haciendo con mujeres portadoras del VIH. Y durante el mandato de Alberto Fujimori, en Perú, se destapó un fenomenal escándalo cuando salió a la luz que hasta 6.000 indígenas podrían haber sido víctimas involuntarias de estas esterilizaciones como “método para acabar con la pobreza crónica”. En China también se ha recurrido de manera habitual a esta práctica hace unos años, cuando estaba en vigor la ley del hijo único.

AUTOR: DANIEL BORASTEROS